Este miércoles 29 de abril, el debate político y social en Chile ha quedado marcado por la formalización de un recorte presupuestario de $32.721 millones en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La medida, oficializada mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, representa uno de los ajustes más significativos en lo que va del año y toca programas que han sido pilares de la política pública por décadas.
El fin de la universalidad en el "Ajuar"
El punto que más ha resonado en la opinión pública es el impacto en el Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN) del sistema Chile Crece Contigo. Según los documentos de la Dirección de Presupuestos (Dipres), el tradicional set de implementos —que incluye cuna, ropa y artículos de estimulación— sufrirá una reducción de recursos que apunta a terminar con su entrega universal.
La propuesta del Ejecutivo busca transitar hacia un modelo de focalización, donde el beneficio físico se entregaría solo a los sectores de extrema vulnerabilidad, mientras que para otros tramos se evalúa un sistema de transferencias monetarias o directamente la descontinuación del apoyo en favor de otros gastos prioritarios.
Instituciones afectadas por el recorte:
El decreto no solo afecta a la infancia; el mapa del ajuste se distribuye en áreas críticas:
- Niñez: El Servicio Nacional de Protección Especializada verá una reducción de más de $12 mil millones.
- Pueblos Indígenas (CONADI): Un recorte de $7.634 millones, afectando principalmente fondos de tierras.
- Juventud (INJUV): Una baja de $3.859 millones en su presupuesto operativo.
- Discapacidad y Adulto Mayor: Ajustes en SENADIS y SENAMA que suman más de $2.000 millones.
La postura oficial: "Ordenar la casa"
Desde el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast respaldó la gestión de Hacienda, señalando que la medida responde a una necesidad de eficiencia. "Dijimos que no íbamos a cortar derechos y no lo vamos a hacer, pero tenemos que ordenar la casa", afirmó el mandatario esta mañana, asegurando que se están eliminando programas con evaluaciones negativas para fortalecer ayudas directas como la PGU.
Por otro lado, gremios del sector público y la oposición han calificado la medida como un "retroceso en derechos sociales", advirtiendo que la eliminación de programas universales debilita el tejido social y la equidad básica que el Estado debe garantizar.